La situación de la instalación de la empresa La Anónima (Sociedad Anónima del sur del país) —que ya cuenta con 2.000 m² instalados en pleno centro de Reconquista y logró que la Municipalidad le autorizara incorporar en otro sector de la ciudad 5.000 m² más— generó la explosión de los otros supermercados. Entre ellos, el dueño del supermercado Reconquista, un fanático militante radical, escribió la siguiente carta:
A LOS RADICALES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Me dirijo a los radicales de nuestra provincia para expresar públicamente mi profunda preocupación y mi indignación frente a una decisión adoptada por el Ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe que, a mi entender, se aparta de manera manifiesta de las disposiciones de una ley provincial vigente.
Como radical, pero fundamentalmente como ciudadano que ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de las instituciones, me siento profundamente agraviado por esta situación. No solo por sus consecuencias concretas, sino también por lo que representa en términos institucionales.
El Ministro no tiene atribuciones para modificar una ley provincial, ni total ni parcialmente. Sin embargo, mediante la Resolución RES-2026-00000390-APPSF-PE#MDP, de fecha 28 de abril de 2026, se adopta una interpretación y una decisión que, en los hechos, se apartan de las disposiciones establecidas por la Ley Provincial N.º 12.069.
Y aquí está el punto central de mi preocupación.
La Ley 12.069 es una ley de orden público y de aplicación obligatoria en el territorio provincial. Por lo tanto, su cumplimiento no puede quedar sujeto a interpretaciones administrativas que terminen restringiendo, exceptuando o dejando sin efecto sus disposiciones.
Una resolución ministerial no puede modificar una ley.
Tampoco pueden hacerlo una nota, una ordenanza, un dictamen, una opinión administrativa o cualquier otra manifestación de menor jerarquía normativa.
Si existe desacuerdo con una ley, el camino institucional es promover su modificación o derogación por los mecanismos constitucionalmente establecidos. Lo que no corresponde es modificar sus efectos mediante una resolución administrativa.
Pero existe además una cuestión que considero todavía más grave y que es la que provoca mi indignación.
Según surge de los propios argumentos utilizados por el Ministro, la Resolución fue dictada a partir de un recurso presentado en un caso concreto por una gran empresa nacional.
Y mientras una gran empresa pudo ser escuchada y obtuvo una respuesta concreta de la autoridad provincial, las pequeñas y medianas empresas comerciales que vienen planteando desde hace tiempo sus preocupaciones sobre esta misma problemática no han recibido igual tratamiento.
Numerosas notas presentadas por PYMES comerciales de distintos rubros no han tenido respuesta. Tampoco se han concedido las audiencias solicitadas para poder plantear personalmente las consecuencias que estas decisiones pueden generar sobre el comercio local.
Esto genera una situación que, como mínimo, merece una explicación pública.
Porque el Estado debe garantizar igualdad de trato, reglas claras y seguridad jurídica, y no puede generar la percepción de que quien tiene mayor capacidad económica o mayor capacidad de lobby obtiene una respuesta que no reciben quienes sostienen diariamente el empleo, la inversión y la actividad económica en nuestras ciudades.
La Ley Provincial N.º 12.069 fue sancionada precisamente para establecer un marco de desarrollo comercial armónico y equilibrado, protegiendo el empleo, la inversión local y el interés general.
Es una ley de avanzada, que estableció reglas destinadas a permitir la convivencia equilibrada entre pequeñas, medianas y grandes superficies comerciales, evitando posiciones dominantes, la saturación de determinados mercados y el deterioro del comercio local.
Podremos discutir si la ley debe mantenerse tal como está. Podremos discutir si debe modificarse. Incluso podremos considerar que ha llegado el momento de reemplazarla por otra legislación.
Pero mientras la ley esté vigente, debe cumplirse.
Si el Ministro considera que la Ley 12.069 ya no responde a las necesidades actuales, tiene todo el derecho y la responsabilidad de promover una nueva legislación.
Lo que no puede hacer es sustituir al Poder Legislativo mediante una resolución administrativa.
Y esto es precisamente lo que me preocupa como radical.
El radicalismo tiene una tradición histórica de defensa de la República, las instituciones, la división de poderes, la igualdad ante la ley y el respeto irrestricto por las normas democráticamente sancionadas.
No podemos permanecer indiferentes cuando esos principios se ponen en discusión.
Por eso considero necesario que los radicales de Santa Fe conozcamos, debatamos y asumamos una posición frente a esta situación.
Si bien pertenezco a una PYME comercial de la ciudad de Reconquista, quiero dejar expresamente aclarado que no estoy planteando esta cuestión desde una conveniencia personal ni desde un interés empresarial.
Lo hago desde una convicción política e institucional construida a lo largo de toda una vida, y desde la responsabilidad que siento como radical frente a la defensa de la República, las instituciones y el cumplimiento de la ley.
Hace 55 años que soy afiliado y militante de la Unión Cívica Radical.
Tengo el orgullo de haber sido fundador de la Franja Morada en la Facultad donde estudié durante la década del 70, de haber sido delegado ante la FUA y de haber defendido, como tantos jóvenes de aquella época, los principios de la Reforma Universitaria.
En 1978 fui detenido y torturado por haber participado de la conmemoración del 60.º aniversario de la Reforma Universitaria.
Fui Convencional Nacional y Provincial de la UCR y tuve además el honor y la responsabilidad de formar parte del gobierno de Raúl Alfonsín, como Director General de Provincias del Ministerio del Interior.
Por todo ello, no puedo mirar hacia otro lado cuando considero que se pone en juego algo que para nosotros debería ser irrenunciable: el respeto por las instituciones y por la ley.
Quiero dejar en claro, además, que esta posición no significa desconocer ni mucho menos desear el fracaso del gobierno provincial.
Por el contrario, apuesto al éxito del gobierno de Maximiliano Pullaro, porque considero que Santa Fe necesita recuperar protagonismo, fortalecer sus instituciones, generar condiciones para el desarrollo y construir un camino de progreso.
Y precisamente porque quiero que ese gobierno tenga éxito, considero que quienes somos radicales tenemos también la obligación de señalar aquello que entendemos que debe corregirse.
No hay gobierno fuerte sin instituciones fuertes.
No hay desarrollo sostenible sin reglas claras.
Y no hay República posible si las leyes pueden ser modificadas de hecho por decisiones administrativas.
Por eso recurro a ustedes, radicales de Santa Fe.
No para plantear una disputa personal, sino para pedir que defendamos juntos aquello que históricamente hemos defendido: la República, la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y el respeto por las instituciones.
Porque una ley puede ser modificada.
Una ley puede ser reemplazada.
Una ley puede ser discutida.
Pero mientras esté vigente, debe ser cumplida.
Marcelo Schvarzstein
DNI 10.657.800
